O 17 de dezembro de 1969 as forças da esquerda chilena (Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical, Partido Social Demócrata, Movimiento Acción Popular Unitaria e Acción Popular Independiente) assinam o “Pacto de la Unidad Popular”, polo que se comprometem a umha aliança de cara às eleições presidenciais do ano seguinte e elaboram um programa de governo. Dito programa, que reproduzimos embaixo, constitui possivelmente o mais ambicioso projeto de avanço cara o socialismo que se tenha tentado levar a cabo numha democrácia parlamentária.
NOTA: Nesta primeira entrega presenta-se unicamente a primeira parte do programa, pola sua longitude. A segunda parte, na que se detalham as políticas económica (a qual achamos moi interessante), social, cultural/educativa, e internacional, será publicada noutro post.
(Sacado dos Archivos Salvador Allende)
PROGRAMA DE LA UNIDAD POPULAR
INTRODUCCIÓN
Los partidos y movimientos que integran el Comité Coordinador de la Unidad Popular, sin perjuicio de mantener cada cual su propia filosofía y sus propios perfiles políticos, coinciden plenamente en la caracterización de la realidad nacional expuesta a continuación y en las proposiciones programáticas que serán la base de nuestra acción común y que entregamos a consideración del pueblo.
Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud.
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NOTA: Nesta primeira entrega presenta-se unicamente a primeira parte do programa, pola sua longitude. A segunda parte, na que se detalham as políticas económica (a qual achamos moi interessante), social, cultural/educativa, e internacional, será publicada noutro post.
(Sacado dos Archivos Salvador Allende)
PROGRAMA DE LA UNIDAD POPULAR
INTRODUCCIÓN
Los partidos y movimientos que integran el Comité Coordinador de la Unidad Popular, sin perjuicio de mantener cada cual su propia filosofía y sus propios perfiles políticos, coinciden plenamente en la caracterización de la realidad nacional expuesta a continuación y en las proposiciones programáticas que serán la base de nuestra acción común y que entregamos a consideración del pueblo.
Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud.
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Los problemas en Chile se pueden resolver. Nuestro país cuenta con grandes riquezas como el cobre y otros minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas extensiones de bosques, un largo litoral rico en especies marinas, una superficie agrícola más que suficiente, etc.; cuenta, además, con la voluntad de trabajo y progreso de los chilenos, junto con su capacidad técnica y profesional. ¿Qué es entonces lo que ha fallado?
Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente.
Más aun, como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente, se acentúa cada vez más en su dependencia su papel de socio menor del capital extranjero.
Para unos pocos, vender a diario un pedazo de Chile es un gran negocio. Decidir por los demás es lo que hacen todos los días.
Para la gran mayoría en cambio vender a diario su esfuerzo, su inteligencia y su trabajo es un pésimo negocio, y decidir sobre su propio destino es un derecho del cual, en gran medida, aún están privados.
En Chile las recetas "reformistas" y "desarrollistas" que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante.
En lo fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado, una vez más, que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo.
El desarrollo del capitalismo monopolista niega la ampliación de la democracia y exacerba la violencia anti-popular.
El aumento del nivel de lucha del pueblo, a medida que fracasa el reformismo, endurece la posición de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes que, en último término, no tienen otro recurso que la fuerza.
Las formas brutales de la violencia del Estado actual, tales como las acciones del Grupo Móvil, el apaleo de campesinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y mineros, son inseparables de otras no menos brutales que afectan a todos los chilenos.
Porque violencia es que junto a quienes poseen viviendas de lujo, una parte importante de la población habite en viviendas insalubres y otros no dispongan siquiera de un sitio; violencia es que mientras algunos botan la comida, otros no tengan cómo alimentarse.
La explotación imperialista de las economías atrasadas se efectúa de muchas maneras: a través de las inversiones en la minería (cobre, hierro, etc.), y en la actividad industrial, bancaria y comercial; mediante el control tecnológico que nos obliga a pagar altísimas sumas en equipos, licencias y patentes; de los préstamos norteamericanos en
condiciones usurarias que nos imponen gastar en Estados Unidos y con la obligación adicional de transportar en barcos norteamericanos los productos comprados, etc.
Para muestra un solo dato. Desde 1952 hasta hoy, los norteamericanos invirtieron en
América Latina 7 mil 473 millones de dólares y se llevaron 16 mil millones de dólares.
De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia.
Los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos burgueses, han logrado apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre. Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de servicios; gozan de estatutos de privilegio, mientras imponen la devaluación monetaria, la reducción de salarios y sueldos y distorsionan la actividad agrícola por la vía de los excedentes agropecuarios.
Intervienen también en la educación, la cultura y los medios de comunicación. Valiéndose de convenios militares y políticos tratan de penetrar las Fuerzas Armadas.
Las clases dominantes, cómplices de esta situación e incapaces de valerse por ellas mismas, han intensificado en los últimos diez años el endeudamiento de Chile con el extranjero.
Dijeron que los préstamos y compromisos con los banqueros internacionales podrían producir un mayor desarrollo económico. Pero lo único que lograron es que hoy día Chile tenga el récord de ser uno de los países más endeudados de la tierra en proporción a sus habitantes.
En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece casi intacto.
A los dueños del capital les interesa ganar siempre más dinero y no satisfacer las necesidades del pueblo chileno. Si producir e importar automóviles de alto precio, por ejemplo, es un buen negocio, se desvían hacia ese rubro valiosos recursos de nuestra economía, sin tener en cuenta que sólo un porcentaje ínfimo de chilenos están en condiciones de adquirirlos y que hay necesidades mucho más urgentes que atender; desde luego, en este mismo rubro, la de mejorar la locomoción colectiva, dotar de maquinaria a la agricultura, etc.
El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema político, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos.
Para que ellos se dignen seguir "trabajando", pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder trabajar o no, es preciso:
-darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan;
-permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de elaborar lo que necesita la gran mayoría del país;
-dejarlos llevarse las ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero;
-dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios;
-permitirles manipular la distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de esta manera subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo.
Mientras tanto, buena parte de los que efectivamente producen experimentan una difícil situación:
-Medio millón de familias carecen de viviendas y otras tantas o más viven en pésimas condiciones en cuanto a alcantarillado, agua potable, luz, salubridad.
-La necesidad de la población en materia de educación y salud son insuficientemente atendidas.
-Más de la mitad de los trabajadores chilenos reciben remuneraciones insuficientes para cubrir sus necesidades vitales mínimas. La desocupación y el trabajo inestable se sufren en cada familia. Para innumerables jóvenes la posibilidad de empleo se presenta muy difícil e incierta.
El capital imperialista y un grupo de privilegiados que no pasa del 10% de la población, acaparan la mitad de la renta nacional. Esto significa que de cada 100 escudos que los chilenos producen, 50 van a parar a los bolsillos de 10 oligarcas y los otros 50 deben repartirse entre 90 chilenos, del pueblo y de la clase media.
El alza del costo de la vida es un infierno en los hogares del pueblo y, en especial, para la dueña de casa. En los últimos 10 años, según datos oficiales, el costo de la vida ha subido casi en un mil por ciento.
Esto significa que todos los días se les roba una parte de su salario o de su sueldo a los chilenos que viven de su trabajo. Igual como les ocurre a los jubilados y pensionados, al trabajador independiente, al artesano, al pequeño productor, cuyas exiguas rentas son recortadas a diario por la inflación.
Alessandri y Frei aseguraron que pondrían término a la inflación. Los resultados están a la vista. Los hechos demuestran que la inflación en Chile obedece a causas de fondo relacionadas con la estructura capitalista de nuestra sociedad y no con las alzas de remuneraciones como han pretendido hacer creer los sucesivos gobiernos para justificar la mantención del sistema y recortar los ingresos de los trabajadores. El gran capitalista, en cambio, se defiende de la inflación y más aun se beneficia con ella. Sus propiedades y capitales se valorizan, sus contratos de construcción con el Fisco se reajustan, y los precios de sus productos suben llevando siempre la delantera a las alzas de remuneraciones.
Un alto número de chilenos están mal alimentados. Según estadísticas oficiales, el 50% de los menores de 15 años de edad están desnutridos. La desnutrición afecta su crecimiento y limita su capacidad de aprender, de instruirse.
Esto demuestra que la economía en general y el sistema agrícola en particular, son incapaces de alimentar a los chilenos, pese a que Chile podría sustentar ahora mismo una población de 30 millones de personas, el triple de la población actual.
Por el contrario, debemos importar cada año centenares de miles de dólares en alimentos de origen agropecuario.
El latifundio es el gran culpable de los problemas alimentarios de todos los chilenos y responsable de la situación de atraso y miseria que caracteriza al campo chileno. Los índices de mortalidad infantil y adulta, de analfabetismo, de falta de viviendas, de insalubridad son, en las zonas rurales, marcadamente superiores a los de las ciudades. Estos problemas no los ha resuelto la insuficiente Reforma Agraria del gobierno democratacristiano. Sólo la lucha del campesinado con el apoyo de todo el pueblo puede resolverlos. El actual desarrollo de sus combates por la tierra y la liquidación del
latifundio abren nuevas perspectivas al movimiento popular chileno.
El crecimiento de nuestra economía es mínimo. En los últimos lustros hemos crecido, en promedio, apenas a razón de un 2% anual por persona; y desde 1967 no hemos crecido, más bien hemos retrocedido, según las cifras del propio Gobierno (ODEPLAN). Esto quiere decir que en 1966 cada chileno tenía una mayor cantidad de bienes de la que tiene hoy. Ello explica que la mayoría esté disconforme y busque una alternativa para nuestro país.
La única alternativa verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en
Chile.
LA UNIDAD Y LA ACCIÓN DEL PUEBLO ORGANIZADO
El crecimiento de las fuerzas trabajadoras en cuanto a su número, su organización, su lucha y la conciencia de su poder, refuerzan y propagan la voluntad de cambios profundos, la crítica del orden establecido y el choque con sus estructuras. En nuestro país son más de tres millones de trabajadores cuyas fuerzas productivas y su enorme capacidad constructiva no podrán, sin embargo, liberarse dentro del actual sistema que sólo puede explotarles y someterles.
Estas fuerzas, junto a todo el pueblo, movilizando a todos aquellos que no están comprometidos con el poder de los intereses reaccionarios, nacionales y extranjeros, o sea, mediante la acción unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, podrán romper las actuales estructuras y avanzar en la tarea de su liberación.
La unidad popular se hace para eso.
Los imperialistas y las clases dominantes del país combatirán la unidad popular y tratarán de engañar una vez más al pueblo. Dirán que la libertad está en peligro, que la violencia se adueñará del país, etc. Pero las masas populares creen cada vez menos en estas mentiras. Diariamente crece su movilización social que hoy se ve reforzada y
alentada por la unificación de las fuerzas de izquierda.
Para estimular y orientar la movilización del pueblo de Chile hacia la conquista del poder, constituiremos por todas partes los Comités de la Unidad Popular, articulados en cada fábrica, fundo, población, oficina o escuela por los militantes de los movimientos y de los partidos de izquierda e integrados por esa multitud de chilenos que se definen por cambios fundamentales.
Los Comités de Unidad Popular no sólo serán organismos electorales. Serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas y, sobre todo, se prepararán para ejercer el Poder Popular.
Así, pues, este nuevo poder que Chile necesita debe empezar a gestarse desde ya, donde quiera que el pueblo se organice para luchar por sus problemas específicos y donde quiera que se desarrolle la conciencia de la necesidad de ejercerlo.
Este sistema de trabajo común será un método permanente y dinámico de desarrollo del Programa, una escuela activa para las masas y una forma concreta de profundizar el contenido político de la Unidad Popular en todos sus niveles.
En un momento dado de la campaña los contenidos esenciales de este Programa, enriquecidos por la discusión y el aporte del pueblo y una serie de medidas inmediatas de gobierno, serán señalados en un Acta del Pueblo que se constituirá, para el nuevo Gobierno Popular y el Frente que lo sustenta, en un mandato irrenunciable.
Apoyar al candidato de la Unidad Popular no significa, por tanto, sólo votar por un hombre, sino también pronunciarse en favor del reemplazo urgente de la actual sociedad que se asienta en el dominio de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros.
EL PROGRAMA
El Poder Popular
Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente.
El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo proceso de lucha, determinadas libertades y garantías democráticas por cuya continuidad debe mantenerse en actitud de alerta y combatir sin tregua. Pero el poder mismo le es ajeno.
Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesino y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo.
El triunfo popular abrirá paso así al régimen político más democrático de la historia del
país.
En materia de estructura política el Gobierno Popular tiene la doble tarea de:
-preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores; y
-transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder.
La profundización de la democracia y las conquistas de los trabajadores
El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes.
Para que esto sea efectivo, las organizaciones sindicales y sociales de los obreros, empleados, campesinos, pobladores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, intelectuales, artesanos, pequeños y medianos empresarios y demás sectores de trabajadores serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder. Por ejemplo, en las instituciones de previsión y de seguridad social, estableceremos la administración por sus propios imponentes, asegurando a ellos la elección democrática y en votación secreta de sus consejos directivos. Respecto de las empresas del sector público, sus consejos directivos y sus comités de producción deben contar con mandatarios directos de sus obreros y empleados. En los organismos habitacionales correspondientes a su jurisdicción y nivel, las Juntas de Vecinos y demás organizaciones de pobladores dispondrán de mecanismos para fiscalizar sus operaciones e intervenir en múltiples aspectos de su funcionamiento.
Pero no se trata únicamente de estos ejemplos, sino de una nueva concepción en que el pueblo adquiere una intervención real y eficaz en los organismos del Estado.
Asimismo, el Gobierno Popular garantizará el derecho de los trabajadores al empleo y a la huelga y de todo el pueblo a la educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las ideas y de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto.
Se extenderán todos los derechos y garantías democráticas entregando a las organizaciones sociales los medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado.
El Gobierno Popular asentará esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinde el pueblo organizado. Ésta es nuestra concepción de gobierno fuerte, opuesta por tanto a la que acuñan la oligarquía y el imperialismo que identifican la autoridad con la coerción ejercida contra el pueblo.
El Gobierno Popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarias. Será así un ejecutivo verdaderamente democrático, representativo y cohesionado.
El Gobierno Popular respetará los derechos de la oposición que se ejerza dentro de los
marcos legales.
El Gobierno Popular iniciará de inmediato una real descentralización administrativa, conjugada con una planificación democrática y eficiente que elimine el centralismo burocrático y lo reemplace por la coordinación de todos los organismos estatales.
Se modernizará la estructura de las municipalidades reconociéndoles la autoridad que les corresponde de acuerdo a los planes de coordinación de todo el Estado. Se tenderá a transformarlas en los órganos locales de la nueva organización política, dotándolas de financiamiento y atribuciones adecuadas, a fin de que puedan atender, en interacción con las Juntas de Vecinos y coordinadas entre sí, los problemas de interés local de sus comunas y de sus habitantes. Deben entrar en funciones con este mismo propósito las Asambleas Provinciales.
La policía debe ser reorganizada a fin de que no pueda volver a emplearse como organismo de represión contra el pueblo y cumpla, en cambio, con el objetivo de defender a la población de las acciones antisociales. Se humanizará el procedimiento policial de manera de garantizar efectivamente el pleno respeto a la dignidad y a la integridad física del ser humano. El régimen carcelario, que constituye una de las peores lacras del actual sistema, debe ser transformado de raíz, con vista a la regeneración y recuperación de los que hayan delinquido.
UN NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL: EL ESTADO POPULAR
La organización política
A través de un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las masas se construirá desde la base la nueva estructura del poder.
Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal.
Se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder.
La Asamblea del Pueblo será la Cámara Única que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión.
Este sistema permitirá suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial como el parlamentarismo corrompido.
Normas específicas determinarán y coordinarán las atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República, ministros, Asamblea del Pueblo, organismos regionales y locales de poder y partidos políticos, con el fin de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad mayoritaria.
A fin de establecer la debida armonía entre los poderes que emanan de la voluntad popular y de que ésta pueda expresarse de un modo coherente, todas las elecciones se
efectuarán en un proceso conjunto dentro de un mismo lapso de tiempo.
La generación de todo organismo de representación popular deberá realizarse por sufragio universal, secreto y directo, de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y militares, alfabetos y analfabetos.
Los integrantes de la Asamblea del Pueblo y todo organismo de representación popular estarán sujetos al control de los electores, mediante mecanismos de consulta que podrán revocar sus mandatos.
Se establecerá un riguroso sistema de incompatibilidades que conduzca al término del mandato o la privación de su cargo cuando un diputado o un funcionario de altas responsabilidades se desempeñen como gestor de intereses privados.
Los instrumentos de la política económica y social del Estado constituirán un sistema nacional de planificación, tendrán carácter ejecutivo y su misión será dirigir, coordinar y racionalizar la acción del Estado. Los planes con que opere deberán ser aprobados por la Asamblea del Pueblo. Los organismos de los trabajadores tendrán una intervención fundamental en el sistema de planificación.
Los organismos regionales y locales de poder del Estado Popular ejercerán autoridad en el radio geográfico que les corresponda y tendrán facultades económicas, políticas y
sociales. Podrán, además, entregar iniciativas y ejercer la crítica a los organismos superiores. Sin embargo, el ejercicio de las facultades de los organismos regionales y locales deberá ajustarse a los marcos fijados por las leyes nacionales y por los planes generales de desarrollo económico y social.
En cada uno de los niveles del Estado Popular se integrarán las organizaciones sociales con atribuciones específicas. A ellas les corresponderá compartir responsabilidades y desarrollar iniciativas en sus respectivos radios de acción, así como el examen y solución de los problemas de su competencia. Estas atribuciones no implicarán limitación alguna a la plena independencia y autonomía de las organizaciones.
Desde el día mismo que asuma el mando, el Gobierno Popular abrirá canales a fin de que se exprese la influencia de los trabajadores y del pueblo, por intermedio de las organizaciones sociales, en la adopción de decisiones y en la fiscalización del funcionamiento de la administración estatal.
Éstos serán pasos decisivos para la liquidación del centralismo burocrático que caracteriza al sistema de administración actual.
La organización de la justicia
La organización y administración de la justicia debe estar basada en el principio de la autonomía, consagrada constitucionalmente y en una real independencia económica.
Concebimos la existencia de un Tribunal Supremo, cuyos componentes sean designados por la Asamblea del Pueblo sin otra limitación que la que emane de la natural idoneidad de sus miembros. Este tribunal generará libremente los poderes internos, unipersonales o colegiados, del sistema judicial.
Entendemos que la nueva organización y administración de justicia devendrá en auxilio de las clases mayoritarias. Además, será expedita y menos onerosa.
Para el Gobierno Popular una nueva concepción de la magistratura reemplazará a la actual, individualista y burguesa.
La Defensa Nacional
El Estado Popular prestará atención preferente a la preservación de la soberanía nacional, lo que concibe como un deber de todo el pueblo.
El Estado Popular mantendrá una actitud alerta frente a las amenazas a la integridad territorial y a la independencia del país alentadas por el imperialismo y por sectores oligárquicos que se entronizan en países vecinos y que junto con reprimir a sus pueblos alientan afanes expansionistas y revanchistas.
Definirá una concepción moderna, patriótica y popular de la soberanía del país basada en los siguientes criterios:
a) Afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En este sentido, rechazo de cualquier empleo de ellas para reprimir al pueblo o participar en acciones que interesen a potencias extrañas.
b) Formación técnica y abierta a todos los aportes de la ciencia militar moderna, y conforme a las conveniencias de Chile, de la independencia nacional, de la paz y de la amistad entre los pueblos.
c) Integración y aporte de las Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida social. El Estado Popular se preocupará de posibilitar la contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo económico del país sin perjuicio de su labor esencialmente de defensa de la soberanía.
Sobre estas bases, es necesario asegurar a las Fuerzas Armadas los medios materiales y técnicos y un justo y democrático sistema de remuneraciones, promociones y jubilaciones que garantice a oficiales, suboficiales, clases y tropas la seguridad económica durante su permanencia en las filas y en las condiciones de retiro y la posibilidad efectiva para todos de ascender atendiendo sólo a sus condiciones personales.
Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente.
Más aun, como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente, se acentúa cada vez más en su dependencia su papel de socio menor del capital extranjero.
Para unos pocos, vender a diario un pedazo de Chile es un gran negocio. Decidir por los demás es lo que hacen todos los días.
Para la gran mayoría en cambio vender a diario su esfuerzo, su inteligencia y su trabajo es un pésimo negocio, y decidir sobre su propio destino es un derecho del cual, en gran medida, aún están privados.
En Chile las recetas "reformistas" y "desarrollistas" que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante.
En lo fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado, una vez más, que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo.
El desarrollo del capitalismo monopolista niega la ampliación de la democracia y exacerba la violencia anti-popular.
El aumento del nivel de lucha del pueblo, a medida que fracasa el reformismo, endurece la posición de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes que, en último término, no tienen otro recurso que la fuerza.
Las formas brutales de la violencia del Estado actual, tales como las acciones del Grupo Móvil, el apaleo de campesinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y mineros, son inseparables de otras no menos brutales que afectan a todos los chilenos.
Porque violencia es que junto a quienes poseen viviendas de lujo, una parte importante de la población habite en viviendas insalubres y otros no dispongan siquiera de un sitio; violencia es que mientras algunos botan la comida, otros no tengan cómo alimentarse.
La explotación imperialista de las economías atrasadas se efectúa de muchas maneras: a través de las inversiones en la minería (cobre, hierro, etc.), y en la actividad industrial, bancaria y comercial; mediante el control tecnológico que nos obliga a pagar altísimas sumas en equipos, licencias y patentes; de los préstamos norteamericanos en
condiciones usurarias que nos imponen gastar en Estados Unidos y con la obligación adicional de transportar en barcos norteamericanos los productos comprados, etc.
Para muestra un solo dato. Desde 1952 hasta hoy, los norteamericanos invirtieron en
América Latina 7 mil 473 millones de dólares y se llevaron 16 mil millones de dólares.
De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia.
Los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos burgueses, han logrado apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre. Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de servicios; gozan de estatutos de privilegio, mientras imponen la devaluación monetaria, la reducción de salarios y sueldos y distorsionan la actividad agrícola por la vía de los excedentes agropecuarios.
Intervienen también en la educación, la cultura y los medios de comunicación. Valiéndose de convenios militares y políticos tratan de penetrar las Fuerzas Armadas.
Las clases dominantes, cómplices de esta situación e incapaces de valerse por ellas mismas, han intensificado en los últimos diez años el endeudamiento de Chile con el extranjero.
Dijeron que los préstamos y compromisos con los banqueros internacionales podrían producir un mayor desarrollo económico. Pero lo único que lograron es que hoy día Chile tenga el récord de ser uno de los países más endeudados de la tierra en proporción a sus habitantes.
En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece casi intacto.
A los dueños del capital les interesa ganar siempre más dinero y no satisfacer las necesidades del pueblo chileno. Si producir e importar automóviles de alto precio, por ejemplo, es un buen negocio, se desvían hacia ese rubro valiosos recursos de nuestra economía, sin tener en cuenta que sólo un porcentaje ínfimo de chilenos están en condiciones de adquirirlos y que hay necesidades mucho más urgentes que atender; desde luego, en este mismo rubro, la de mejorar la locomoción colectiva, dotar de maquinaria a la agricultura, etc.
El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema político, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos.
Para que ellos se dignen seguir "trabajando", pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder trabajar o no, es preciso:
-darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan;
-permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de elaborar lo que necesita la gran mayoría del país;
-dejarlos llevarse las ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero;
-dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios;
-permitirles manipular la distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de esta manera subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo.
Mientras tanto, buena parte de los que efectivamente producen experimentan una difícil situación:
-Medio millón de familias carecen de viviendas y otras tantas o más viven en pésimas condiciones en cuanto a alcantarillado, agua potable, luz, salubridad.
-La necesidad de la población en materia de educación y salud son insuficientemente atendidas.
-Más de la mitad de los trabajadores chilenos reciben remuneraciones insuficientes para cubrir sus necesidades vitales mínimas. La desocupación y el trabajo inestable se sufren en cada familia. Para innumerables jóvenes la posibilidad de empleo se presenta muy difícil e incierta.
El capital imperialista y un grupo de privilegiados que no pasa del 10% de la población, acaparan la mitad de la renta nacional. Esto significa que de cada 100 escudos que los chilenos producen, 50 van a parar a los bolsillos de 10 oligarcas y los otros 50 deben repartirse entre 90 chilenos, del pueblo y de la clase media.
El alza del costo de la vida es un infierno en los hogares del pueblo y, en especial, para la dueña de casa. En los últimos 10 años, según datos oficiales, el costo de la vida ha subido casi en un mil por ciento.
Esto significa que todos los días se les roba una parte de su salario o de su sueldo a los chilenos que viven de su trabajo. Igual como les ocurre a los jubilados y pensionados, al trabajador independiente, al artesano, al pequeño productor, cuyas exiguas rentas son recortadas a diario por la inflación.
Alessandri y Frei aseguraron que pondrían término a la inflación. Los resultados están a la vista. Los hechos demuestran que la inflación en Chile obedece a causas de fondo relacionadas con la estructura capitalista de nuestra sociedad y no con las alzas de remuneraciones como han pretendido hacer creer los sucesivos gobiernos para justificar la mantención del sistema y recortar los ingresos de los trabajadores. El gran capitalista, en cambio, se defiende de la inflación y más aun se beneficia con ella. Sus propiedades y capitales se valorizan, sus contratos de construcción con el Fisco se reajustan, y los precios de sus productos suben llevando siempre la delantera a las alzas de remuneraciones.
Un alto número de chilenos están mal alimentados. Según estadísticas oficiales, el 50% de los menores de 15 años de edad están desnutridos. La desnutrición afecta su crecimiento y limita su capacidad de aprender, de instruirse.
Esto demuestra que la economía en general y el sistema agrícola en particular, son incapaces de alimentar a los chilenos, pese a que Chile podría sustentar ahora mismo una población de 30 millones de personas, el triple de la población actual.
Por el contrario, debemos importar cada año centenares de miles de dólares en alimentos de origen agropecuario.
El latifundio es el gran culpable de los problemas alimentarios de todos los chilenos y responsable de la situación de atraso y miseria que caracteriza al campo chileno. Los índices de mortalidad infantil y adulta, de analfabetismo, de falta de viviendas, de insalubridad son, en las zonas rurales, marcadamente superiores a los de las ciudades. Estos problemas no los ha resuelto la insuficiente Reforma Agraria del gobierno democratacristiano. Sólo la lucha del campesinado con el apoyo de todo el pueblo puede resolverlos. El actual desarrollo de sus combates por la tierra y la liquidación del
latifundio abren nuevas perspectivas al movimiento popular chileno.
El crecimiento de nuestra economía es mínimo. En los últimos lustros hemos crecido, en promedio, apenas a razón de un 2% anual por persona; y desde 1967 no hemos crecido, más bien hemos retrocedido, según las cifras del propio Gobierno (ODEPLAN). Esto quiere decir que en 1966 cada chileno tenía una mayor cantidad de bienes de la que tiene hoy. Ello explica que la mayoría esté disconforme y busque una alternativa para nuestro país.
La única alternativa verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en
Chile.
LA UNIDAD Y LA ACCIÓN DEL PUEBLO ORGANIZADO
El crecimiento de las fuerzas trabajadoras en cuanto a su número, su organización, su lucha y la conciencia de su poder, refuerzan y propagan la voluntad de cambios profundos, la crítica del orden establecido y el choque con sus estructuras. En nuestro país son más de tres millones de trabajadores cuyas fuerzas productivas y su enorme capacidad constructiva no podrán, sin embargo, liberarse dentro del actual sistema que sólo puede explotarles y someterles.
Estas fuerzas, junto a todo el pueblo, movilizando a todos aquellos que no están comprometidos con el poder de los intereses reaccionarios, nacionales y extranjeros, o sea, mediante la acción unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, podrán romper las actuales estructuras y avanzar en la tarea de su liberación.
La unidad popular se hace para eso.
Los imperialistas y las clases dominantes del país combatirán la unidad popular y tratarán de engañar una vez más al pueblo. Dirán que la libertad está en peligro, que la violencia se adueñará del país, etc. Pero las masas populares creen cada vez menos en estas mentiras. Diariamente crece su movilización social que hoy se ve reforzada y
alentada por la unificación de las fuerzas de izquierda.
Para estimular y orientar la movilización del pueblo de Chile hacia la conquista del poder, constituiremos por todas partes los Comités de la Unidad Popular, articulados en cada fábrica, fundo, población, oficina o escuela por los militantes de los movimientos y de los partidos de izquierda e integrados por esa multitud de chilenos que se definen por cambios fundamentales.
Los Comités de Unidad Popular no sólo serán organismos electorales. Serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas y, sobre todo, se prepararán para ejercer el Poder Popular.
Así, pues, este nuevo poder que Chile necesita debe empezar a gestarse desde ya, donde quiera que el pueblo se organice para luchar por sus problemas específicos y donde quiera que se desarrolle la conciencia de la necesidad de ejercerlo.
Este sistema de trabajo común será un método permanente y dinámico de desarrollo del Programa, una escuela activa para las masas y una forma concreta de profundizar el contenido político de la Unidad Popular en todos sus niveles.
En un momento dado de la campaña los contenidos esenciales de este Programa, enriquecidos por la discusión y el aporte del pueblo y una serie de medidas inmediatas de gobierno, serán señalados en un Acta del Pueblo que se constituirá, para el nuevo Gobierno Popular y el Frente que lo sustenta, en un mandato irrenunciable.
Apoyar al candidato de la Unidad Popular no significa, por tanto, sólo votar por un hombre, sino también pronunciarse en favor del reemplazo urgente de la actual sociedad que se asienta en el dominio de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros.
EL PROGRAMA
El Poder Popular
Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente.
El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo proceso de lucha, determinadas libertades y garantías democráticas por cuya continuidad debe mantenerse en actitud de alerta y combatir sin tregua. Pero el poder mismo le es ajeno.
Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesino y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo.
El triunfo popular abrirá paso así al régimen político más democrático de la historia del
país.
En materia de estructura política el Gobierno Popular tiene la doble tarea de:
-preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores; y
-transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder.
La profundización de la democracia y las conquistas de los trabajadores
El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes.
Para que esto sea efectivo, las organizaciones sindicales y sociales de los obreros, empleados, campesinos, pobladores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, intelectuales, artesanos, pequeños y medianos empresarios y demás sectores de trabajadores serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder. Por ejemplo, en las instituciones de previsión y de seguridad social, estableceremos la administración por sus propios imponentes, asegurando a ellos la elección democrática y en votación secreta de sus consejos directivos. Respecto de las empresas del sector público, sus consejos directivos y sus comités de producción deben contar con mandatarios directos de sus obreros y empleados. En los organismos habitacionales correspondientes a su jurisdicción y nivel, las Juntas de Vecinos y demás organizaciones de pobladores dispondrán de mecanismos para fiscalizar sus operaciones e intervenir en múltiples aspectos de su funcionamiento.
Pero no se trata únicamente de estos ejemplos, sino de una nueva concepción en que el pueblo adquiere una intervención real y eficaz en los organismos del Estado.
Asimismo, el Gobierno Popular garantizará el derecho de los trabajadores al empleo y a la huelga y de todo el pueblo a la educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las ideas y de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto.
Se extenderán todos los derechos y garantías democráticas entregando a las organizaciones sociales los medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado.
El Gobierno Popular asentará esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinde el pueblo organizado. Ésta es nuestra concepción de gobierno fuerte, opuesta por tanto a la que acuñan la oligarquía y el imperialismo que identifican la autoridad con la coerción ejercida contra el pueblo.
El Gobierno Popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarias. Será así un ejecutivo verdaderamente democrático, representativo y cohesionado.
El Gobierno Popular respetará los derechos de la oposición que se ejerza dentro de los
marcos legales.
El Gobierno Popular iniciará de inmediato una real descentralización administrativa, conjugada con una planificación democrática y eficiente que elimine el centralismo burocrático y lo reemplace por la coordinación de todos los organismos estatales.
Se modernizará la estructura de las municipalidades reconociéndoles la autoridad que les corresponde de acuerdo a los planes de coordinación de todo el Estado. Se tenderá a transformarlas en los órganos locales de la nueva organización política, dotándolas de financiamiento y atribuciones adecuadas, a fin de que puedan atender, en interacción con las Juntas de Vecinos y coordinadas entre sí, los problemas de interés local de sus comunas y de sus habitantes. Deben entrar en funciones con este mismo propósito las Asambleas Provinciales.
La policía debe ser reorganizada a fin de que no pueda volver a emplearse como organismo de represión contra el pueblo y cumpla, en cambio, con el objetivo de defender a la población de las acciones antisociales. Se humanizará el procedimiento policial de manera de garantizar efectivamente el pleno respeto a la dignidad y a la integridad física del ser humano. El régimen carcelario, que constituye una de las peores lacras del actual sistema, debe ser transformado de raíz, con vista a la regeneración y recuperación de los que hayan delinquido.
UN NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL: EL ESTADO POPULAR
La organización política
A través de un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las masas se construirá desde la base la nueva estructura del poder.
Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal.
Se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder.
La Asamblea del Pueblo será la Cámara Única que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión.
Este sistema permitirá suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial como el parlamentarismo corrompido.
Normas específicas determinarán y coordinarán las atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República, ministros, Asamblea del Pueblo, organismos regionales y locales de poder y partidos políticos, con el fin de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad mayoritaria.
A fin de establecer la debida armonía entre los poderes que emanan de la voluntad popular y de que ésta pueda expresarse de un modo coherente, todas las elecciones se
efectuarán en un proceso conjunto dentro de un mismo lapso de tiempo.
La generación de todo organismo de representación popular deberá realizarse por sufragio universal, secreto y directo, de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y militares, alfabetos y analfabetos.
Los integrantes de la Asamblea del Pueblo y todo organismo de representación popular estarán sujetos al control de los electores, mediante mecanismos de consulta que podrán revocar sus mandatos.
Se establecerá un riguroso sistema de incompatibilidades que conduzca al término del mandato o la privación de su cargo cuando un diputado o un funcionario de altas responsabilidades se desempeñen como gestor de intereses privados.
Los instrumentos de la política económica y social del Estado constituirán un sistema nacional de planificación, tendrán carácter ejecutivo y su misión será dirigir, coordinar y racionalizar la acción del Estado. Los planes con que opere deberán ser aprobados por la Asamblea del Pueblo. Los organismos de los trabajadores tendrán una intervención fundamental en el sistema de planificación.
Los organismos regionales y locales de poder del Estado Popular ejercerán autoridad en el radio geográfico que les corresponda y tendrán facultades económicas, políticas y
sociales. Podrán, además, entregar iniciativas y ejercer la crítica a los organismos superiores. Sin embargo, el ejercicio de las facultades de los organismos regionales y locales deberá ajustarse a los marcos fijados por las leyes nacionales y por los planes generales de desarrollo económico y social.
En cada uno de los niveles del Estado Popular se integrarán las organizaciones sociales con atribuciones específicas. A ellas les corresponderá compartir responsabilidades y desarrollar iniciativas en sus respectivos radios de acción, así como el examen y solución de los problemas de su competencia. Estas atribuciones no implicarán limitación alguna a la plena independencia y autonomía de las organizaciones.
Desde el día mismo que asuma el mando, el Gobierno Popular abrirá canales a fin de que se exprese la influencia de los trabajadores y del pueblo, por intermedio de las organizaciones sociales, en la adopción de decisiones y en la fiscalización del funcionamiento de la administración estatal.
Éstos serán pasos decisivos para la liquidación del centralismo burocrático que caracteriza al sistema de administración actual.
La organización de la justicia
La organización y administración de la justicia debe estar basada en el principio de la autonomía, consagrada constitucionalmente y en una real independencia económica.
Concebimos la existencia de un Tribunal Supremo, cuyos componentes sean designados por la Asamblea del Pueblo sin otra limitación que la que emane de la natural idoneidad de sus miembros. Este tribunal generará libremente los poderes internos, unipersonales o colegiados, del sistema judicial.
Entendemos que la nueva organización y administración de justicia devendrá en auxilio de las clases mayoritarias. Además, será expedita y menos onerosa.
Para el Gobierno Popular una nueva concepción de la magistratura reemplazará a la actual, individualista y burguesa.
La Defensa Nacional
El Estado Popular prestará atención preferente a la preservación de la soberanía nacional, lo que concibe como un deber de todo el pueblo.
El Estado Popular mantendrá una actitud alerta frente a las amenazas a la integridad territorial y a la independencia del país alentadas por el imperialismo y por sectores oligárquicos que se entronizan en países vecinos y que junto con reprimir a sus pueblos alientan afanes expansionistas y revanchistas.
Definirá una concepción moderna, patriótica y popular de la soberanía del país basada en los siguientes criterios:
a) Afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En este sentido, rechazo de cualquier empleo de ellas para reprimir al pueblo o participar en acciones que interesen a potencias extrañas.
b) Formación técnica y abierta a todos los aportes de la ciencia militar moderna, y conforme a las conveniencias de Chile, de la independencia nacional, de la paz y de la amistad entre los pueblos.
c) Integración y aporte de las Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida social. El Estado Popular se preocupará de posibilitar la contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo económico del país sin perjuicio de su labor esencialmente de defensa de la soberanía.
Sobre estas bases, es necesario asegurar a las Fuerzas Armadas los medios materiales y técnicos y un justo y democrático sistema de remuneraciones, promociones y jubilaciones que garantice a oficiales, suboficiales, clases y tropas la seguridad económica durante su permanencia en las filas y en las condiciones de retiro y la posibilidad efectiva para todos de ascender atendiendo sólo a sus condiciones personales.
(Continuará)
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