LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA
Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo.
En la nueva economía la planificación jugará un papel importantísimo. Sus órganos centrales estarán al más alto nivel administrativo; y sus decisiones, generadas democráticamente, tendrán carácter ejecutivo.
Área de propiedad social
El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Así, quedarán integrando este sector de actividades nacionalizadas las siguientes:
1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral;
2) El sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros;
3) El comercio exterior;
4) Las grandes empresas y monopolios de distribución;
5) Los monopolios industriales estratégicos;
6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel.
Todas estas expropiaciones se harán siempre con pleno resguardo del interés del pequeño accionista.
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El área de propiedad privada
Esta área comprende aquellos sectores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios en que permanece vigente la propiedad privada de los medios de producción.
Estas empresas en número serán la mayoría. Así, por ejemplo, en 1967, de las 30.500 industrias (incluyendo la industria artesanal), sólo unas 150 controlaban monopólicamente todos los mercados, concentrando la ayuda del Estado, el crédito bancario y explotando al resto de los empresarios industriales del país, vendiéndoles cara la materia prima y comprándoles barato sus productos.
Las empresas que integran este sector serán beneficiadas con la planificación general de la economía nacional. El Estado procurará las asistencias financiera y técnica necesarias a las empresas de esta área, para que puedan cumplir con la importante función que desempeñan en la economía nacional, atendiendo el número de las personas que trabajan en ellas como el volumen de la producción que generan.
Además, se simplificarán los sistemas de patentes, aranceles aduaneros, contribuciones y tributos para estas empresas y se les asegurará una adecuada y justa comercialización de sus productos.
En estas empresas se deberán garantizar los derechos de obreros y empleados a salarios y condiciones de trabajo justos. El respeto de estos derechos será cautelado por el Estado y los trabajadores de la empresa respectiva.
Área mixta
Este sector será mixto porque se compondrá de empresas que combinen los capitales del Estado a los particulares.
Los préstamos o créditos concedidos por los organismos de fomento a las empresas de esta área podrán serlo en calidad de aportes para que el Estado sea socio y no acreedor. Lo mismo será válido para los casos en que dichas empresas obtengan créditos con el aval o garantía del Estado o de sus instituciones.
Profundización y extensión de la Reforma Agraria
La Reforma Agraria es concebida como un proceso simultáneo y complementario con las transformaciones generales que se desea promover en la estructura social, política y económica del país, de manera que su realización es inseparable del resto de la política general. La experiencia ya existente en esta materia y los vacíos o inconsecuencias que de ella se desprenden, conducen a reformular la política de distribución y organización de la propiedad de la tierra en base a las siguientes directivas:
1) Aceleración del proceso de Reforma Agraria expropiando los predios que excedan a la cabida máxima establecida, según las condiciones de las distintas zonas, incluso los frutales, vitivinícolas y forestales, sin que el dueño tenga derecho preferencial a elegir la reserva. La expropiación podrá incluir la totalidad o parte de los activos de los predios expropiados (maquinarias, herramientas, animales, etc.).
2) Incorporación inmediata al cultivo agrícola de las tierras abandonadas y mal explotadas de propiedad estatal.
3) Las tierras expropiadas se organizarán preferentemente en formas cooperativas de propiedad. Los campesinos tendrán títulos de dominio que acrediten su propiedad sobre la casa y el huerto que se les asigne y sobre los derechos correspondientes en el predio indivisible de la cooperativa. Cuando las condiciones lo aconsejen, se asignarán tierras en propiedad personal a los campesinos, impulsando la organización del trabajo y de la comercialización sobre bases de cooperación mutua. También se destinarán tierras para crear empresas agrícolas estatales con la tecnología moderna.
4) En casos calificados se asignarán tierras a los pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y empleados agrícolas capacitados para el trabajo agropecuario.
5) Reorganización de la propiedad minifundaria a través de formas progresivamente cooperativas de trabajo agrícola.
6) Incorporación de los pequeños y medianos campesinos a las ventajas y servicios de las cooperativas que operen en su área geográfica.
7) Defensa de la integridad y ampliación y asegurar la dirección democrática de las comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y que al pueblo mapuche y demás indígenas se les aseguren tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas.
Política de desarrollo económico
La política económica del Estado se llevará adelante a través del sistema nacional de planificación económica y de los mecanismos de control, orientación, crédito a la producción, asistencia técnica, política tributaria y de comercio exterior, como asimismo mediante la propia gestión del sector estatal de la economía. Tendrá como objetivos:
1) Resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías. Para esto se volcará la capacidad productiva del país de los artículos superfluos y caros destinados a satisfacer a los sectores de altos ingresos hacia la producción de artículos de consumo popular, baratos y de buena calidad.
2) Garantizar ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado. Esto significará diseñar una política que genere un gran empleo proponiéndose el uso adecuado de los recursos del país y la adaptación de la tecnología a las exigencias del desarrollo nacional.
3) Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. Esto lleva a expropiar el capital imperialista, a realizar una política de un creciente autofinanciamiento de nuestras actividades, a fijar las condiciones en que opera el capital extranjero que no sea expropiado, a lograr una mayor independencia en la tecnología, el transporte externo, etc.
4) Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado que tienda a desarrollar al máximo las fuerzas productivas, procurando el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, naturales, financieros y técnicos disponibles a fin de incrementar la productividad del trabajo y de satisfacer tanto a las exigencias del desarrollo independiente de la economía como las necesidades y aspiraciones de la población trabajadora, compatibles con una vida digna y humana.
5) Ejecutar una política de comercio exterior tendiente a desarrollar y diversificar nuestras exportaciones, abrir nuevos mercados, lograr una creciente independencia tecnológica y financiera y evitar las escandalosas devaluaciones de nuestra moneda.
6) Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria. La lucha contra la inflación se decide esencialmente con los cambios estructurales enunciados. Debe, además, incluir medidas que adecúen el flujo de circulante a las reales necesidades del mercado, controle y redistribuya el crédito y evite la usura en el comercio del dinero. Racionalice la distribución y el comercio. Estabilice los precios. Impida que la estructura de la demanda proveniente de las altas rentas incentive el alza de los precios.
La garantía del cumplimiento de estos objetivos reside en el control por el pueblo organizado del poder político y económico, expresado en el área estatal de la economía y en la planificación general de ésta. Es este poder popular el que asegurará el cumplimiento de las tareas señaladas.
TAREAS SOCIALES
Las aspiraciones sociales del pueblo chileno son legítimas y posibles de satisfacer. Quiere, por ejemplo, viviendas dignas sin reajustes que esquilmen sus ingresos; escuelas y universidades para sus hijos; salarios suficientes; que terminen de una vez las alzas de precio; trabajo estable; atención médica oportuna; alumbrado público, alcantarillado, agua potable, calles y aceras pavimentadas; una previsión social sin privilegios, justa y operante, sin pensiones de hambre; teléfonos, policías, jardines infantiles, canchas deportivas; turismo y balnearios populares.
La satisfacción de estos justos anhelos del pueblo -que en verdad constituyen derechos
que la sociedad debe reconocerle- será preocupación preferente del Gobierno Popular.
Puntos básicos de esta acción de gobierno serán:
a) Definición de una política de remuneraciones, procediendo a crear de inmediato los organismos que con participación de los trabajadores, determinarán cifras que efectivamente constituyan sueldos vitales y salarios mínimos en las diversas zonas del país. Mientras subsista la inflación se procederá a establecer por ley reajustes automáticos, de acuerdo con el alza del costo de la vida. Estos operarán cada seis meses o cada vez que el costo de la vida supere un nivel de 5% de crecimiento. En todos los organismos del Estado, y en primer en los cargos de confianza del Ejecutivo, se limitarán los sueldos altos a una cifra compatible con la situación de nuestro país. Se procederá en un plazo que será definido técnicamente, a establecer un sistema de sueldos y salarios mínimos de niveles iguales para trabajos iguales, cualquiera sea la empresa donde estos trabajos se realicen. Esta política se iniciará en el área estatal para irla extendiendo a toda la economía, sin perjuicio de las diferencias derivadas de productividad dispares en distintas empresas. Del mismo modo se eliminará toda discriminación entre el hombre y la mujer o por edad en materia de sueldos y salarios.
b) Unificar, mejorar y extender el sistema de seguridad social, manteniendo todas las conquistas legítimas alcanzadas, eliminando los privilegios abusivos, la ineficiencia y el burocratismo, mejorando y haciendo expedita la atención de los interesados, extendiendo el sistema previsional a los sectores de trabajadores que aún no lo tienen, y entregando a los imponentes la administración de las Cajas de Previsión, las que funcionarán dentro de las normas de la planificación.
c) Asegurar la atención médica y dental, preventiva y curativa a todos los chilenos, financiada por el Estado, los patrones y las instituciones de previsión. Se incorporará la
población a la tarea de proteger la salud pública. Los medicamentos, sobre la base de un estricto control de costos en los laboratorios y la racionalización de la producción, se entregarán en cantidad suficiente y a bajo precio.
d) Se destinarán fondos suficientes a fin de llevar a cabo un amplio plan de edificación de viviendas. Se desarrollará la industrialización de la construcción controlando sus precios, limitando el monto de las utilidades de las empresas privadas o mixtas que operan en este rubro. En situaciones de emergencia se asignarán terrenos a las familias que los necesiten, facilitándoles ayuda técnica y material para edificar sus viviendas. El Gobierno Popular tendrá como objetivo de su política habitacional que cada familia llegue a ser propietaria de una casa habitación. Se eliminará el sistema de dividendos reajustables. Las cuotas o rentas mensuales que deban pagar los adquirientes de viviendas y arrendatarios, respectivamente, no excederán, por regla general, del 10% del ingreso familiar. Llevar adelante la remodelación de ciudades y barrios, con el criterio de impedir el lanzamiento de los grupos modestos a la periferia, garantizando los intereses del habitante del sector remodelado como del pequeño empresario que allí labore, asegurando a los ocupantes su ubicación futura.
e) Se establecerá la plena capacidad civil de la mujer casada y la igual condición jurídica de todos los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, así como una adecuada legislación de divorcio con disolución del vínculo, con pleno reguardo de los derechos de la mujer y los hijos.
f) La división legal entre obreros y empleados será suprimida, estableciendo para ambos la calidad común de trabajadores y extendiendo el derecho a sindicalizarse a todos aquellos que actualmente no lo tienen.
CULTURA Y EDUCACIÓN
Una cultura nueva para la sociedad
El proceso social que se abre con el triunfo del pueblo irá conformando una nueva cultura orientada a considerar el trabajo humano como el más alto valor, a expresar la voluntad de afirmación e independencia nacional y a conformar una visión crítica de la realidad.
Las profundas transformaciones que se emprenderán requieren de un pueblo socialmente consciente y solidario, educado para ejercer y defender su poder político, apto científica y técnicamente para desarrollar la economía de transición al socialismo y abierto masivamente a la creación y goce de las más variadas manifestaciones del arte y del intelecto.
Si ya hoy la mayoría de las intelectuales y artistas luchan contra las deformaciones culturales propias de la sociedad capitalista y tratan de llevar los frutos de su creación a los trabajadores y vincularse a su destino histórico, en la nueva sociedad tendrán un lugar de vanguardia para continuar con su acción. Porque la cultura nueva no se creará por decreto; ella surgirá de la lucha por la fraternidad contra el individualismo; por la valoración del trabajo humano contra su desprecio; por los valores nacionales contra la colonización cultural; por el acceso de las masas populares al arte, la literatura y los medios de comunicación contra su comercialización.
El nuevo Estado procurará la incorporación de las masas a la actividad intelectual y artística, tanto a través de un sistema educacional radicalmente transformado como a través del establecimiento de un sistema nacional de cultura popular. Una extensa red de Centros Locales de Cultura Popular impulsará la organización de las masas para ejercer su derecho a la cultura.
El sistema de cultura popular estimulará la creación artística y literaria y multiplicará los canales de relación entre artistas o escritores con un público infinitamente más vasto que el actual.
Un sistema educacional democrático, único y planificado
La acción del nuevo Gobierno se orientará a entregar las más amplias y mejores oportunidades educacionales.
En el cumplimiento de estos propósitos influirá el mejoramiento general de las condiciones de vida de los trabajadores y la consideración, en el nivel que corresponde, de las responsabilidades de los educadores. Además, se establecerá un Plan Nacional de Becas lo suficientemente extenso como para asegurar la incorporación y la continuidad escolar a todos los niños de Chile, especialmente a los hijos de la clase obrera y del campesinado.
Por otra parte, el nuevo Estado desarrollará un plan extraordinario de construcción de establecimientos escolares, apoyado en recursos nacionales y locales movilizados por los órganos básicos de poder. Se expropiarán las edificaciones suntuarias que se requieran para habilitar nuevos establecimientos escolares e internados. Por estos medios se tenderá a crear por lo menos una escuela unificada (básica y media) en cada comuna rural, en cada barrio y en cada población de las ciudades de Chile.
Con el fin de atender a las necesidades de desarrollo propias de la edad preescolar y para posibilitar la incorporación de la mujer al trabajo productivo, se extenderá rápidamente el sistema de salas-cuna y jardines infantiles, otorgando prioridad a los sectores más necesitados de nuestra sociedad. Por efecto de esta misma política, la niñez obrera y campesina estará más apta para ingresar y permanecer provechosamente en el sistema escolar regular.
Para hacer efectiva una nueva enseñanza se requiere la aplicación de métodos que pongan énfasis en una participación activa y crítica de los estudiantes en su enseñanza, en vez de la posición pasiva y receptiva que ahora deben mantener.
Para liquidar rápidamente los déficits culturales y educacionales heredados del actual sistema, se llevará a cabo una amplia movilización popular destinada a eliminar a breve plazo el analfabetismo, a elevar los niveles de escolaridad de la población adulta.
La educación de adultos se organizará principalmente en función de los centros laborales, hasta hacer posible el funcionamiento permanente de la educación general, tecnológica y social para los trabajadores.
La transformación del sistema educacional no será obra sólo de técnicos sino tarea estudiada, discutida, decidida y ejecutada por las organizaciones de maestros, trabajadores, estudiantes y padres y apoderados, dentro de los marcos generales de la planificación nacional. Internamente, el sistema escolar se planificará respetando los principios de unidad, continuidad, correlación y diversificación de la enseñanza.
En la dirección ejecutiva del aparato educacional habrá efectiva representación de las organizaciones sociales ya señaladas, integradas en Consejos Locales, Regionales y Nacional de Educación.
Con el objeto de hacer realidad la planificación de la educación y la escuela única, nacional y democrática, el nuevo Estado tomará bajo su responsabilidad los establecimientos privados, empezando por aquellos planteles que seleccionan su alumnado por razones de clase social, origen nacional o confesión religiosa. Esto se realizará integrando al sistema educacional el personal y otros medios de la educación privada.
La Educación Física
La educación física y las prácticas de todos los deportes, desde los niveles básicos del sistema educacional y en todas las organizaciones sociales de jóvenes y adultos, serán la preocupación constante y metódica del Gobierno Popular.
Democracia, autonomía y orientación de la Universidad
El Gobierno de Unidad Popular prestará un amplio respaldo al proceso de la Reforma Universitaria e impulsará resueltamente su desarrollo. La culminación democrática de este proceso se traducirá en importantes aportes de las universidades al desarrollo revolucionario chileno. Por otra parte, la reorientación de las funciones académicas de docencia, investigación y extensión en función de los problemas nacionales será alentada por las realizaciones del Gobierno Popular.
El Estado asignará a las universidades recursos suficientes para asegurar el cumplimiento de sus funciones y su efectiva estatización y democratización. Consecuentemente, el gobierno universitario corresponderá a sus respectivas comunidades.
A medida que en el conjunto del sistema educacional se eliminen los privilegios de clases se hará posible el ingreso de los hijos de los trabajadores a la Universidad y permitirá también a los adultos, ya sea mediante becas especiales o a través de sistemas de estudio y trabajo simultáneo, ingresar a cursos de nivel superior.
Los medios de comunicación masiva
Estos medios de comunicación (radio, editoriales, televisión, prensa, cine) son fundamentales para ayudar a la formación de una nueva cultura y un hombre nuevo.
Por eso se deberá imprimirles una orientación educativa y liberarlos de su carácter comercial, adoptando las medidas para que las organizaciones sociales dispongan de estos medios eliminando de ellos la presencia nefasta de los monopolios.
El sistema nacional de cultura popular se preocupará especialmente del desarrollo de la industria cinematográfica y de la preparación de programas especiales para los medios de comunicación masiva.
POLÍTICA INTERNACIONAL DEL GOBIERNO POPULAR
Objetivos
La política internacional del Gobierno Popular estará dirigida a afirmar la plena autonomía política y económica de Chile.
Existirán relaciones con todos los países del mundo, independientemente de su posición ideológica y política, sobre la base del respeto a la autodeterminación y a los intereses del pueblo Chile.
Se establecerán vínculos de amistad y solidaridad con los pueblos dependientes o colonizados, en especial aquellos que están desarrollando sus luchas de liberación e independencia.
Se promoverá un fuerte sentido latinoamericanista y anti-imperialista por medio de una política internacional de pueblos antes que de cancillerías.
La defensa decidida de la autodeterminación de los pueblos será impulsada por el nuevo Gobierno como condición básica de la convivencia internacional. En consecuencia, su política será vigilante y activa para defender el principio de no intervención y para rechazar todo intento de discriminación, presión, invasión o bloqueo intentado por los países imperialistas.
Se reforzarán las relaciones, el intercambio y la amistad con los países socialistas.
Más independencia nacional
La posición de defensa activa de la independencia de Chile implica denunciar la actual OEA, como un instrumento y agencia del imperialismo norteamericano y luchar contra toda forma de panamericanismo implícito en esa organización. El Gobierno Popular tenderá a la creación de un organismo realmente representativo de los países latinoamericanos.
Se considera indispensable revisar, denunciar y desahuciar, según los casos, los tratados o convenios que signifiquen compromisos que limiten nuestra soberanía y concretamente los tratados de asistencia recíproca, los pactos de ayuda mutua y otros pactos que Chile ha suscrito con los EE.UU.
La ayuda foránea y empréstitos condicionados por razones políticas, o que impliquen la imposición de realizar las inversiones que deriven de esos empréstitos en condiciones que vulneren nuestra soberanía y que vayan contra los intereses del pueblo, serán rechazados y denunciados por el Gobierno. Asimismo se rechazará todo tipo de imposiciones foráneas respecto a las materias primas latinoamericanas, como el cobre, y las trabas impuestas al libre comercio que se han traducido durante largo tiempo en la imposibilidad de establecer relaciones comerciales colectivas con todos los países del mundo.
Solidaridad internacional
Las luchas que libran los pueblos por su liberación y por la construcción del socialismo recibirán la solidaridad efectiva y militante del Gobierno Popular.
Toda forma de colonialismo o neocolonialismo será condenada y se reconocerá el derecho a la rebelión de los pueblos sometidos a esos sistemas. Asimismo toda forma de agresión económica, política y/o militar provocada por las potencias imperialistas. La política internacional chilena debe mantener una posición de condena a la agresión norteamericana en Vietnam y de reconocimiento y solidaridad activa a la lucha heroica del pueblo vietnamita.
Del mismo modo se solidarizará en forma efectiva con la Revolución Cubana, avanzada de la revolución y de la construcción del socialismo en el continente latinoamericano.
La lucha anti-imperialista de los pueblos del Medio Oriente contará con la solidaridad del Gobierno Popular, el que apoyará la búsqueda de una solución pacífica sobre la base del interés de los pueblos árabe y judío.
Se condenará a todos los regímenes reaccionarios que promueven o practiquen la segregación racial y el antisemitismo.
Política latinoamericana
En el plano latinoamericano el Gobierno Popular propugnará una política internacional de afirmación a la personalidad latinoamericana en el concierto mundial.
La integración latinoamericana deberá ser levantada sobre la base de economías que se hayan liberado de las formas imperialistas de dependencia y explotación. No obstante, se mantendrá una activa política de acuerdos bilaterales en aquellas materias que sean de interés para el desarrollo chileno.
El Gobierno Popular actuará para resolver los problemas fronterizos pendientes en base a negociaciones que prevengan las intrigas del imperialismo y los reaccionarios, teniendo presente el interés chileno y el de los pueblos de los países limítrofes.
La política internacional chilena y su expresión diplomática deberán romper toda forma de burocratismo o anquilosamiento. Deberá buscarse a los pueblos con el doble fin de tomar de sus luchas lecciones para nuestra construcción socialista y de ofrecerles nuestras propias experiencias de manera que en la práctica se construya la solidaridad internacional que propugnamos.
Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo.
En la nueva economía la planificación jugará un papel importantísimo. Sus órganos centrales estarán al más alto nivel administrativo; y sus decisiones, generadas democráticamente, tendrán carácter ejecutivo.
Área de propiedad social
El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Así, quedarán integrando este sector de actividades nacionalizadas las siguientes:
1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral;
2) El sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros;
3) El comercio exterior;
4) Las grandes empresas y monopolios de distribución;
5) Los monopolios industriales estratégicos;
6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel.
Todas estas expropiaciones se harán siempre con pleno resguardo del interés del pequeño accionista.
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El área de propiedad privada
Esta área comprende aquellos sectores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios en que permanece vigente la propiedad privada de los medios de producción.
Estas empresas en número serán la mayoría. Así, por ejemplo, en 1967, de las 30.500 industrias (incluyendo la industria artesanal), sólo unas 150 controlaban monopólicamente todos los mercados, concentrando la ayuda del Estado, el crédito bancario y explotando al resto de los empresarios industriales del país, vendiéndoles cara la materia prima y comprándoles barato sus productos.
Las empresas que integran este sector serán beneficiadas con la planificación general de la economía nacional. El Estado procurará las asistencias financiera y técnica necesarias a las empresas de esta área, para que puedan cumplir con la importante función que desempeñan en la economía nacional, atendiendo el número de las personas que trabajan en ellas como el volumen de la producción que generan.
Además, se simplificarán los sistemas de patentes, aranceles aduaneros, contribuciones y tributos para estas empresas y se les asegurará una adecuada y justa comercialización de sus productos.
En estas empresas se deberán garantizar los derechos de obreros y empleados a salarios y condiciones de trabajo justos. El respeto de estos derechos será cautelado por el Estado y los trabajadores de la empresa respectiva.
Área mixta
Este sector será mixto porque se compondrá de empresas que combinen los capitales del Estado a los particulares.
Los préstamos o créditos concedidos por los organismos de fomento a las empresas de esta área podrán serlo en calidad de aportes para que el Estado sea socio y no acreedor. Lo mismo será válido para los casos en que dichas empresas obtengan créditos con el aval o garantía del Estado o de sus instituciones.
Profundización y extensión de la Reforma Agraria
La Reforma Agraria es concebida como un proceso simultáneo y complementario con las transformaciones generales que se desea promover en la estructura social, política y económica del país, de manera que su realización es inseparable del resto de la política general. La experiencia ya existente en esta materia y los vacíos o inconsecuencias que de ella se desprenden, conducen a reformular la política de distribución y organización de la propiedad de la tierra en base a las siguientes directivas:
1) Aceleración del proceso de Reforma Agraria expropiando los predios que excedan a la cabida máxima establecida, según las condiciones de las distintas zonas, incluso los frutales, vitivinícolas y forestales, sin que el dueño tenga derecho preferencial a elegir la reserva. La expropiación podrá incluir la totalidad o parte de los activos de los predios expropiados (maquinarias, herramientas, animales, etc.).
2) Incorporación inmediata al cultivo agrícola de las tierras abandonadas y mal explotadas de propiedad estatal.
3) Las tierras expropiadas se organizarán preferentemente en formas cooperativas de propiedad. Los campesinos tendrán títulos de dominio que acrediten su propiedad sobre la casa y el huerto que se les asigne y sobre los derechos correspondientes en el predio indivisible de la cooperativa. Cuando las condiciones lo aconsejen, se asignarán tierras en propiedad personal a los campesinos, impulsando la organización del trabajo y de la comercialización sobre bases de cooperación mutua. También se destinarán tierras para crear empresas agrícolas estatales con la tecnología moderna.
4) En casos calificados se asignarán tierras a los pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y empleados agrícolas capacitados para el trabajo agropecuario.
5) Reorganización de la propiedad minifundaria a través de formas progresivamente cooperativas de trabajo agrícola.
6) Incorporación de los pequeños y medianos campesinos a las ventajas y servicios de las cooperativas que operen en su área geográfica.
7) Defensa de la integridad y ampliación y asegurar la dirección democrática de las comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y que al pueblo mapuche y demás indígenas se les aseguren tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas.
Política de desarrollo económico
La política económica del Estado se llevará adelante a través del sistema nacional de planificación económica y de los mecanismos de control, orientación, crédito a la producción, asistencia técnica, política tributaria y de comercio exterior, como asimismo mediante la propia gestión del sector estatal de la economía. Tendrá como objetivos:
1) Resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías. Para esto se volcará la capacidad productiva del país de los artículos superfluos y caros destinados a satisfacer a los sectores de altos ingresos hacia la producción de artículos de consumo popular, baratos y de buena calidad.
2) Garantizar ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado. Esto significará diseñar una política que genere un gran empleo proponiéndose el uso adecuado de los recursos del país y la adaptación de la tecnología a las exigencias del desarrollo nacional.
3) Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. Esto lleva a expropiar el capital imperialista, a realizar una política de un creciente autofinanciamiento de nuestras actividades, a fijar las condiciones en que opera el capital extranjero que no sea expropiado, a lograr una mayor independencia en la tecnología, el transporte externo, etc.
4) Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado que tienda a desarrollar al máximo las fuerzas productivas, procurando el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, naturales, financieros y técnicos disponibles a fin de incrementar la productividad del trabajo y de satisfacer tanto a las exigencias del desarrollo independiente de la economía como las necesidades y aspiraciones de la población trabajadora, compatibles con una vida digna y humana.
5) Ejecutar una política de comercio exterior tendiente a desarrollar y diversificar nuestras exportaciones, abrir nuevos mercados, lograr una creciente independencia tecnológica y financiera y evitar las escandalosas devaluaciones de nuestra moneda.
6) Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria. La lucha contra la inflación se decide esencialmente con los cambios estructurales enunciados. Debe, además, incluir medidas que adecúen el flujo de circulante a las reales necesidades del mercado, controle y redistribuya el crédito y evite la usura en el comercio del dinero. Racionalice la distribución y el comercio. Estabilice los precios. Impida que la estructura de la demanda proveniente de las altas rentas incentive el alza de los precios.
La garantía del cumplimiento de estos objetivos reside en el control por el pueblo organizado del poder político y económico, expresado en el área estatal de la economía y en la planificación general de ésta. Es este poder popular el que asegurará el cumplimiento de las tareas señaladas.
TAREAS SOCIALES
Las aspiraciones sociales del pueblo chileno son legítimas y posibles de satisfacer. Quiere, por ejemplo, viviendas dignas sin reajustes que esquilmen sus ingresos; escuelas y universidades para sus hijos; salarios suficientes; que terminen de una vez las alzas de precio; trabajo estable; atención médica oportuna; alumbrado público, alcantarillado, agua potable, calles y aceras pavimentadas; una previsión social sin privilegios, justa y operante, sin pensiones de hambre; teléfonos, policías, jardines infantiles, canchas deportivas; turismo y balnearios populares.
La satisfacción de estos justos anhelos del pueblo -que en verdad constituyen derechos
que la sociedad debe reconocerle- será preocupación preferente del Gobierno Popular.
Puntos básicos de esta acción de gobierno serán:
a) Definición de una política de remuneraciones, procediendo a crear de inmediato los organismos que con participación de los trabajadores, determinarán cifras que efectivamente constituyan sueldos vitales y salarios mínimos en las diversas zonas del país. Mientras subsista la inflación se procederá a establecer por ley reajustes automáticos, de acuerdo con el alza del costo de la vida. Estos operarán cada seis meses o cada vez que el costo de la vida supere un nivel de 5% de crecimiento. En todos los organismos del Estado, y en primer en los cargos de confianza del Ejecutivo, se limitarán los sueldos altos a una cifra compatible con la situación de nuestro país. Se procederá en un plazo que será definido técnicamente, a establecer un sistema de sueldos y salarios mínimos de niveles iguales para trabajos iguales, cualquiera sea la empresa donde estos trabajos se realicen. Esta política se iniciará en el área estatal para irla extendiendo a toda la economía, sin perjuicio de las diferencias derivadas de productividad dispares en distintas empresas. Del mismo modo se eliminará toda discriminación entre el hombre y la mujer o por edad en materia de sueldos y salarios.
b) Unificar, mejorar y extender el sistema de seguridad social, manteniendo todas las conquistas legítimas alcanzadas, eliminando los privilegios abusivos, la ineficiencia y el burocratismo, mejorando y haciendo expedita la atención de los interesados, extendiendo el sistema previsional a los sectores de trabajadores que aún no lo tienen, y entregando a los imponentes la administración de las Cajas de Previsión, las que funcionarán dentro de las normas de la planificación.
c) Asegurar la atención médica y dental, preventiva y curativa a todos los chilenos, financiada por el Estado, los patrones y las instituciones de previsión. Se incorporará la
población a la tarea de proteger la salud pública. Los medicamentos, sobre la base de un estricto control de costos en los laboratorios y la racionalización de la producción, se entregarán en cantidad suficiente y a bajo precio.
d) Se destinarán fondos suficientes a fin de llevar a cabo un amplio plan de edificación de viviendas. Se desarrollará la industrialización de la construcción controlando sus precios, limitando el monto de las utilidades de las empresas privadas o mixtas que operan en este rubro. En situaciones de emergencia se asignarán terrenos a las familias que los necesiten, facilitándoles ayuda técnica y material para edificar sus viviendas. El Gobierno Popular tendrá como objetivo de su política habitacional que cada familia llegue a ser propietaria de una casa habitación. Se eliminará el sistema de dividendos reajustables. Las cuotas o rentas mensuales que deban pagar los adquirientes de viviendas y arrendatarios, respectivamente, no excederán, por regla general, del 10% del ingreso familiar. Llevar adelante la remodelación de ciudades y barrios, con el criterio de impedir el lanzamiento de los grupos modestos a la periferia, garantizando los intereses del habitante del sector remodelado como del pequeño empresario que allí labore, asegurando a los ocupantes su ubicación futura.
e) Se establecerá la plena capacidad civil de la mujer casada y la igual condición jurídica de todos los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, así como una adecuada legislación de divorcio con disolución del vínculo, con pleno reguardo de los derechos de la mujer y los hijos.
f) La división legal entre obreros y empleados será suprimida, estableciendo para ambos la calidad común de trabajadores y extendiendo el derecho a sindicalizarse a todos aquellos que actualmente no lo tienen.
CULTURA Y EDUCACIÓN
Una cultura nueva para la sociedad
El proceso social que se abre con el triunfo del pueblo irá conformando una nueva cultura orientada a considerar el trabajo humano como el más alto valor, a expresar la voluntad de afirmación e independencia nacional y a conformar una visión crítica de la realidad.
Las profundas transformaciones que se emprenderán requieren de un pueblo socialmente consciente y solidario, educado para ejercer y defender su poder político, apto científica y técnicamente para desarrollar la economía de transición al socialismo y abierto masivamente a la creación y goce de las más variadas manifestaciones del arte y del intelecto.
Si ya hoy la mayoría de las intelectuales y artistas luchan contra las deformaciones culturales propias de la sociedad capitalista y tratan de llevar los frutos de su creación a los trabajadores y vincularse a su destino histórico, en la nueva sociedad tendrán un lugar de vanguardia para continuar con su acción. Porque la cultura nueva no se creará por decreto; ella surgirá de la lucha por la fraternidad contra el individualismo; por la valoración del trabajo humano contra su desprecio; por los valores nacionales contra la colonización cultural; por el acceso de las masas populares al arte, la literatura y los medios de comunicación contra su comercialización.
El nuevo Estado procurará la incorporación de las masas a la actividad intelectual y artística, tanto a través de un sistema educacional radicalmente transformado como a través del establecimiento de un sistema nacional de cultura popular. Una extensa red de Centros Locales de Cultura Popular impulsará la organización de las masas para ejercer su derecho a la cultura.
El sistema de cultura popular estimulará la creación artística y literaria y multiplicará los canales de relación entre artistas o escritores con un público infinitamente más vasto que el actual.
Un sistema educacional democrático, único y planificado
La acción del nuevo Gobierno se orientará a entregar las más amplias y mejores oportunidades educacionales.
En el cumplimiento de estos propósitos influirá el mejoramiento general de las condiciones de vida de los trabajadores y la consideración, en el nivel que corresponde, de las responsabilidades de los educadores. Además, se establecerá un Plan Nacional de Becas lo suficientemente extenso como para asegurar la incorporación y la continuidad escolar a todos los niños de Chile, especialmente a los hijos de la clase obrera y del campesinado.
Por otra parte, el nuevo Estado desarrollará un plan extraordinario de construcción de establecimientos escolares, apoyado en recursos nacionales y locales movilizados por los órganos básicos de poder. Se expropiarán las edificaciones suntuarias que se requieran para habilitar nuevos establecimientos escolares e internados. Por estos medios se tenderá a crear por lo menos una escuela unificada (básica y media) en cada comuna rural, en cada barrio y en cada población de las ciudades de Chile.
Con el fin de atender a las necesidades de desarrollo propias de la edad preescolar y para posibilitar la incorporación de la mujer al trabajo productivo, se extenderá rápidamente el sistema de salas-cuna y jardines infantiles, otorgando prioridad a los sectores más necesitados de nuestra sociedad. Por efecto de esta misma política, la niñez obrera y campesina estará más apta para ingresar y permanecer provechosamente en el sistema escolar regular.
Para hacer efectiva una nueva enseñanza se requiere la aplicación de métodos que pongan énfasis en una participación activa y crítica de los estudiantes en su enseñanza, en vez de la posición pasiva y receptiva que ahora deben mantener.
Para liquidar rápidamente los déficits culturales y educacionales heredados del actual sistema, se llevará a cabo una amplia movilización popular destinada a eliminar a breve plazo el analfabetismo, a elevar los niveles de escolaridad de la población adulta.
La educación de adultos se organizará principalmente en función de los centros laborales, hasta hacer posible el funcionamiento permanente de la educación general, tecnológica y social para los trabajadores.
La transformación del sistema educacional no será obra sólo de técnicos sino tarea estudiada, discutida, decidida y ejecutada por las organizaciones de maestros, trabajadores, estudiantes y padres y apoderados, dentro de los marcos generales de la planificación nacional. Internamente, el sistema escolar se planificará respetando los principios de unidad, continuidad, correlación y diversificación de la enseñanza.
En la dirección ejecutiva del aparato educacional habrá efectiva representación de las organizaciones sociales ya señaladas, integradas en Consejos Locales, Regionales y Nacional de Educación.
Con el objeto de hacer realidad la planificación de la educación y la escuela única, nacional y democrática, el nuevo Estado tomará bajo su responsabilidad los establecimientos privados, empezando por aquellos planteles que seleccionan su alumnado por razones de clase social, origen nacional o confesión religiosa. Esto se realizará integrando al sistema educacional el personal y otros medios de la educación privada.
La Educación Física
La educación física y las prácticas de todos los deportes, desde los niveles básicos del sistema educacional y en todas las organizaciones sociales de jóvenes y adultos, serán la preocupación constante y metódica del Gobierno Popular.
Democracia, autonomía y orientación de la Universidad
El Gobierno de Unidad Popular prestará un amplio respaldo al proceso de la Reforma Universitaria e impulsará resueltamente su desarrollo. La culminación democrática de este proceso se traducirá en importantes aportes de las universidades al desarrollo revolucionario chileno. Por otra parte, la reorientación de las funciones académicas de docencia, investigación y extensión en función de los problemas nacionales será alentada por las realizaciones del Gobierno Popular.
El Estado asignará a las universidades recursos suficientes para asegurar el cumplimiento de sus funciones y su efectiva estatización y democratización. Consecuentemente, el gobierno universitario corresponderá a sus respectivas comunidades.
A medida que en el conjunto del sistema educacional se eliminen los privilegios de clases se hará posible el ingreso de los hijos de los trabajadores a la Universidad y permitirá también a los adultos, ya sea mediante becas especiales o a través de sistemas de estudio y trabajo simultáneo, ingresar a cursos de nivel superior.
Los medios de comunicación masiva
Estos medios de comunicación (radio, editoriales, televisión, prensa, cine) son fundamentales para ayudar a la formación de una nueva cultura y un hombre nuevo.
Por eso se deberá imprimirles una orientación educativa y liberarlos de su carácter comercial, adoptando las medidas para que las organizaciones sociales dispongan de estos medios eliminando de ellos la presencia nefasta de los monopolios.
El sistema nacional de cultura popular se preocupará especialmente del desarrollo de la industria cinematográfica y de la preparación de programas especiales para los medios de comunicación masiva.
POLÍTICA INTERNACIONAL DEL GOBIERNO POPULAR
Objetivos
La política internacional del Gobierno Popular estará dirigida a afirmar la plena autonomía política y económica de Chile.
Existirán relaciones con todos los países del mundo, independientemente de su posición ideológica y política, sobre la base del respeto a la autodeterminación y a los intereses del pueblo Chile.
Se establecerán vínculos de amistad y solidaridad con los pueblos dependientes o colonizados, en especial aquellos que están desarrollando sus luchas de liberación e independencia.
Se promoverá un fuerte sentido latinoamericanista y anti-imperialista por medio de una política internacional de pueblos antes que de cancillerías.
La defensa decidida de la autodeterminación de los pueblos será impulsada por el nuevo Gobierno como condición básica de la convivencia internacional. En consecuencia, su política será vigilante y activa para defender el principio de no intervención y para rechazar todo intento de discriminación, presión, invasión o bloqueo intentado por los países imperialistas.
Se reforzarán las relaciones, el intercambio y la amistad con los países socialistas.
Más independencia nacional
La posición de defensa activa de la independencia de Chile implica denunciar la actual OEA, como un instrumento y agencia del imperialismo norteamericano y luchar contra toda forma de panamericanismo implícito en esa organización. El Gobierno Popular tenderá a la creación de un organismo realmente representativo de los países latinoamericanos.
Se considera indispensable revisar, denunciar y desahuciar, según los casos, los tratados o convenios que signifiquen compromisos que limiten nuestra soberanía y concretamente los tratados de asistencia recíproca, los pactos de ayuda mutua y otros pactos que Chile ha suscrito con los EE.UU.
La ayuda foránea y empréstitos condicionados por razones políticas, o que impliquen la imposición de realizar las inversiones que deriven de esos empréstitos en condiciones que vulneren nuestra soberanía y que vayan contra los intereses del pueblo, serán rechazados y denunciados por el Gobierno. Asimismo se rechazará todo tipo de imposiciones foráneas respecto a las materias primas latinoamericanas, como el cobre, y las trabas impuestas al libre comercio que se han traducido durante largo tiempo en la imposibilidad de establecer relaciones comerciales colectivas con todos los países del mundo.
Solidaridad internacional
Las luchas que libran los pueblos por su liberación y por la construcción del socialismo recibirán la solidaridad efectiva y militante del Gobierno Popular.
Toda forma de colonialismo o neocolonialismo será condenada y se reconocerá el derecho a la rebelión de los pueblos sometidos a esos sistemas. Asimismo toda forma de agresión económica, política y/o militar provocada por las potencias imperialistas. La política internacional chilena debe mantener una posición de condena a la agresión norteamericana en Vietnam y de reconocimiento y solidaridad activa a la lucha heroica del pueblo vietnamita.
Del mismo modo se solidarizará en forma efectiva con la Revolución Cubana, avanzada de la revolución y de la construcción del socialismo en el continente latinoamericano.
La lucha anti-imperialista de los pueblos del Medio Oriente contará con la solidaridad del Gobierno Popular, el que apoyará la búsqueda de una solución pacífica sobre la base del interés de los pueblos árabe y judío.
Se condenará a todos los regímenes reaccionarios que promueven o practiquen la segregación racial y el antisemitismo.
Política latinoamericana
En el plano latinoamericano el Gobierno Popular propugnará una política internacional de afirmación a la personalidad latinoamericana en el concierto mundial.
La integración latinoamericana deberá ser levantada sobre la base de economías que se hayan liberado de las formas imperialistas de dependencia y explotación. No obstante, se mantendrá una activa política de acuerdos bilaterales en aquellas materias que sean de interés para el desarrollo chileno.
El Gobierno Popular actuará para resolver los problemas fronterizos pendientes en base a negociaciones que prevengan las intrigas del imperialismo y los reaccionarios, teniendo presente el interés chileno y el de los pueblos de los países limítrofes.
La política internacional chilena y su expresión diplomática deberán romper toda forma de burocratismo o anquilosamiento. Deberá buscarse a los pueblos con el doble fin de tomar de sus luchas lecciones para nuestra construcción socialista y de ofrecerles nuestras propias experiencias de manera que en la práctica se construya la solidaridad internacional que propugnamos.
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